10 propuestas para España

La libertad de elección educativa debe permitir a las familias decidir en qué lengua desean que sus hijos reciban la mayor parte de la enseñanza. Cuando el sistema no ofrece una alternativa real al modelo de inmersión lingüística predominante, esa libertad queda limitada en la práctica.

La lengua vehicular no es una cuestión meramente formal: es el medio a través del cual los alumnos acceden a los conocimientos, desarrollan sus capacidades y aprenden las distintas materias. Por ello, las familias deben poder elegir un modelo educativo que se adapte a sus preferencias lingüísticas y a las necesidades de sus hijos.

Por todo ello, solicitamos:

1. Libertad efectiva de elección. Garantizar que las familias puedan elegir centros o líneas educativas cuya lengua vehicular principal sea el español, sin que esta opción dependa exclusivamente de la oferta privada o de la capacidad económica de cada familia.
2. Oferta educativa suficiente. Establecer mecanismos que aseguren una oferta pública o sostenida con fondos públicos adecuada a la demanda de las familias, con criterios transparentes de planificación y asignación de plazas.
3. Reforma del marco normativo. Promover los cambios legislativos necesarios para hacer efectiva esta libertad de elección y evitar que las administraciones educativas puedan vaciarla de contenido mediante decisiones de planificación escolar.
4. Garantía y supervisión. Reforzar los mecanismos de supervisión, incluida la actuación de la Alta Inspección Educativa dentro de sus competencias, para verificar el cumplimiento de la normativa estatal y de las garantías reconocidas a los alumnos y sus familias.

Objetivo final: que ninguna familia se vea obligada a aceptar un modelo de enseñanza principalmente en catalán por la inexistencia de una alternativa accesible, y que la elección de la lengua vehicular sea una posibilidad real para todos, con independencia de su nivel económico.

La existencia de pruebas diferentes entre comunidades autónomas puede generar desigualdades en la dificultad de los exámenes y en las oportunidades de acceso a los grados universitarios más demandados. La igualdad de oportunidades exige que todos los estudiantes sean evaluados en las mismas condiciones, con independencia del territorio en el que estudien.

Además, una prueba común permitiría garantizar una base compartida de conocimientos sobre la historia de España. Cuando los contenidos evaluables varían territorialmente, pueden producirse omisiones relevantes o interpretaciones condicionadas por intereses ideológicos. Un temario estatal común, especialmente en Historia de España, contribuiría a garantizar que todos los alumnos conozcan los principales acontecimientos y procesos históricos de nuestro país, evitando que su formación dependa de las prioridades políticas de cada administración autonómica.

Por todo ello, solicitamos:

1. Exámenes comunes: establecer las mismas pruebas y preguntas en toda España para las materias correspondientes.
2. Corrección uniforme: aplicar idénticos criterios de evaluación y calificación, con baremos públicos y transparentes.
3. Temario estatal compartido: garantizar contenidos comunes en las materias examinadas, especialmente en Historia de España, que aseguren el conocimiento de los principales hechos y procesos históricos.
4. Garantías de cumplimiento: establecer mecanismos comunes de elaboración, corrección y revisión, así como publicar resultados comparables entre comunidades autónomas.
5. Reforma normativa: impulsar los cambios legales necesarios para hacer efectiva esta prueba común.

Objetivo final: garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y asegurar que todos los jóvenes españoles compartan unos conocimientos fundamentales sobre la historia de su país, con independencia de la comunidad autónoma en la que hayan estudiado.

El patriotismo, entendido como el vínculo de pertenencia a una comunidad y el compromiso con su futuro, contribuye a fortalecer la cohesión social, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Estos valores deben encontrar reconocimiento en el conjunto de la acción pública, con un papel prioritario de la educación en su transmisión a las nuevas generaciones.

El conocimiento de la historia, la geografía, el patrimonio cultural y las instituciones de España constituye una base esencial para desarrollar ese vínculo de pertenencia, con independencia del origen familiar o del territorio en el que se estudie. Asimismo, las políticas públicas deben contribuir a preservar y fortalecer los referentes comunes y los vínculos que unen a los españoles.

Por todo ello, solicitamos:

1. Reconocimiento legal transversal. Incorporar el patriotismo, el conocimiento de España y la cohesión social entre los principios inspiradores de la legislación y la acción pública, mediante su inclusión en los preámbulos y exposiciones de motivos de las leyes y, cuando proceda, en su articulado.
2. Educación y contenidos comunes. Reconocer estos valores en la legislación educativa y garantizar una base compartida de conocimientos sobre la historia, la geografía, el patrimonio y las instituciones de España en todo el territorio nacional.
3. Políticas públicas para la cohesión nacional. Promover que ámbitos como la cultura, los medios de comunicación públicos y los servicios públicos contribuyan al conocimiento de España y al fortalecimiento de los vínculos de solidaridad entre sus ciudadanos.

Objetivo final: que el patriotismo y el conocimiento de España cuenten con reconocimiento legal expreso y estén presentes en el conjunto de la acción pública, especialmente en la educación, fortaleciendo la cohesión social y el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro del país.

La cohesión nacional se construye mediante referentes compartidos que permiten a los ciudadanos reconocerse como parte de una misma comunidad. Frente a la promoción de elementos identitarios territoriales, los referentes comunes de España necesitan mayor presencia, visibilidad y respaldo institucional.

Es necesario desarrollar, especialmente desde el Ministerio de Cultura y en coordinación con el conjunto de las administraciones, una política de promoción de nuestra historia, patrimonio y cultura compartida. Esta debe comenzar por garantizar el respeto a los símbolos oficiales en las instituciones públicas y extenderse a las festividades nacionales, las efemérides históricas, las tradiciones y los acontecimientos deportivos que generan sentimiento de pertenencia.

Por todo ello, solicitamos:

1. Promoción institucional: desarrollar un programa estatal de divulgación de la historia, la cultura y los referentes compartidos de España.
2. Festividades y efemérides: reforzar la celebración y divulgación de las fechas y acontecimientos fundamentales de nuestra historia.
3. Símbolos oficiales: garantizar el cumplimiento de la normativa sobre la bandera de España y los demás símbolos oficiales en las instituciones y edificios públicos.
4. Cultura y deporte: impulsar iniciativas que fomenten los vínculos entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas.
5. Coordinación institucional: promover la colaboración entre administraciones para dar continuidad y alcance a estas iniciativas.

Objetivo final: revitalizar los símbolos y referentes compartidos de España, reforzar el sentimiento de pertenencia y promover la cohesión y la solidaridad entre todos los españoles.

Los servicios públicos deben contar con recursos suficientes en todas las comunidades autónomas, atendiendo a sus necesidades y capacidad fiscal. El lugar de residencia no debe determinar las oportunidades de los ciudadanos.

El cupo vasco plantea una cuestión de solidaridad: el País Vasco, una de las regiones con mayor renta por habitante de España, dispone de un régimen singular cuyo resultado financiero debe evaluarse para garantizar una contribución justa al sostenimiento del Estado y evitar ventajas injustificadas frente a territorios con menor capacidad económica.

Al mismo tiempo, la equidad en la financiación debe ir acompañada de la responsabilidad en la gestión. La calidad de los servicios públicos no depende solo de los recursos disponibles, sino también de la eficiencia y las decisiones de los gobiernos autonómicos y locales elegidos por los ciudadanos.

Por todo ello, solicitamos:

1. Financiación equitativa: garantizar recursos suficientes para los servicios públicos esenciales según las necesidades y la capacidad fiscal de cada territorio.
2. Solidaridad efectiva: revisar los efectos del cupo vasco y del régimen foral sobre la solidaridad interterritorial.
3. Responsabilidad en la gestión: evaluar la eficiencia del gasto y la calidad de los servicios, vinculando sus resultados al buen hacer de los gobiernos autonómicos y locales.
4. Igualdad de oportunidades: asegurar una base equitativa de servicios públicos sin diluir la responsabilidad de cada administración sobre sus resultados.

Objetivo final: garantizar la equidad en los recursos y la igualdad de oportunidades entre españoles, compatibilizando la solidaridad territorial con la responsabilidad de los gobernantes sobre la calidad de los servicios que prestan.

La presencia territorial del Estado es esencial para garantizar la igualdad de derechos, la aplicación efectiva de la legislación estatal y la prestación de servicios públicos comunes. Sin embargo, la distribución de efectivos y recursos de la Administración General del Estado presenta diferencias entre comunidades, lo que plantea la necesidad de evaluar si su implantación territorial responde adecuadamente a las necesidades de cada territorio.

El progresivo traspaso de competencias y la reducción de determinadas estructuras estatales han contribuido a transformar la presencia de la Administración central en algunas comunidades. Es necesario garantizar que el ejercicio de la autonomía no se traduzca en un debilitamiento de la capacidad del Estado para cumplir sus funciones y proteger los derechos de todos los ciudadanos.

Por todo ello, solicitamos:

1. Refuerzo institucional: revisar y fortalecer la presencia de la Administración General del Estado en las comunidades autónomas, atendiendo a las necesidades de servicio y a las competencias estatales.
2. Seguridad y orden público: reforzar los medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente allí donde resulte necesario para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la legislación.
3. Garantía de los servicios estatales: asegurar una presencia suficiente de organismos y servicios estatales para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y acceder a la Administración en condiciones de igualdad.
4. Planificación y transparencia: publicar datos comparables sobre efectivos, recursos y servicios estatales por comunidades autónomas, y establecer objetivos de mejora verificables.

Objetivo final: garantizar que el Estado esté presente y pueda ejercer efectivamente sus competencias en todo el territorio nacional, protegiendo la igualdad de derechos y la seguridad de todos los españoles.

La sucesiva transferencia de competencias a las comunidades autónomas, condicionada en ocasiones por la necesidad de apoyos parlamentarios para formar Gobierno, ha contribuido a fragmentar la gestión de servicios públicos, multiplicar estructuras administrativas y generar diferencias territoriales.

Además, determinados movimientos secesionistas han utilizado el desarrollo competencial para reforzar estructuras políticas, administrativas, educativas y culturales diferenciadas, no como un fin en sí mismo, sino como parte de una estrategia orientada a la separación de España. Esta dinámica cuestiona la idea de que toda nueva transferencia supone necesariamente una mejora de la gestión y obliga a evaluar sus consecuencias para la cohesión nacional.

La organización territorial del Estado no debería convertirse en una cuestión sometida a una negociación permanente en cada legislatura. Funciones esenciales como la seguridad, la justicia y la garantía de los derechos requieren un marco estable que asegure la unidad de actuación y la igualdad ante la ley.

Por todo ello, solicitamos:

1. Estabilidad competencial: establecer un marco estable de distribución de competencias y poner fin a nuevas transferencias que comprometan la cohesión nacional o la igualdad entre españoles.
2. Revisión de competencias: evaluar las competencias transferidas y recuperar para el Estado aquellas cuya gestión centralizada permita mejorar la eficiencia, la coordinación y la igualdad de derechos.
3. Eliminación de duplicidades: racionalizar las estructuras administrativas y suprimir solapamientos que generen costes innecesarios o dificulten la prestación de servicios.
4. Garantías comunes: asegurar que las funciones esenciales del Estado y los derechos se ejerzan con criterios comunes en todo el territorio nacional.

Objetivo final: consolidar un modelo territorial estable, eficiente y solidario, que preserve la autonomía política dentro de un marco común y garantice la unidad del Estado, la igualdad de derechos y el buen uso de los recursos públicos.

La política migratoria debe anticipar sus consecuencias sobre la cohesión social, la integración y la continuidad de los referentes culturales e históricos que compartimos los españoles. Es necesario revisar los incentivos que genera la legislación vigente y asegurar que las decisiones migratorias respondan al interés general.

Cuando una norma favorece vías indirectas de entrada o reagrupación familiar al margen de los criterios generales, debe revisarse. Gobernar la inmigración implica también una responsabilidad hacia la sociedad que recibe, su historia y su cultura. La integración debe basarse en el respeto a España y a los vínculos que unen a sus ciudadanos.

Por todo ello, solicitamos:

1. Revisión normativa: corregir los incentivos legales que puedan favorecer entradas irregulares o vías indirectas de reagrupación familiar.
2. Inmigración ordenada: reforzar el control de las fronteras y garantizar el cumplimiento de los requisitos de entrada y permanencia.
3. Integración y patriotismo: promover el respeto a la historia, la cultura, las instituciones y los símbolos de España.
4. Cohesión social: tener en cuenta la capacidad de integración y el impacto de los flujos migratorios en la convivencia y los referentes compartidos.

Objetivo final: desarrollar una política migratoria ordenada y sostenible que favorezca la integración, refuerce el patriotismo y preserve la cohesión social y los vínculos históricos y culturales de España.

Ceuta y Melilla no pueden abordarse exclusivamente desde las políticas ordinarias de inmigración, vivienda y administración local. Su posición geográfica y estratégica exige anticipar los efectos que una transformación demográfica sostenida podría tener sobre su estabilidad, su cohesión social y la continuidad de su vinculación con España.

La experiencia de otros territorios europeos con particularidades históricas, lingüísticas o demográficas demuestra que pueden existir marcos normativos específicos para proteger determinados equilibrios territoriales e institucionales. Sin trasladar automáticamente modelos concebidos para realidades diferentes, España debe estudiar instrumentos jurídicos adaptados a las circunstancias excepcionales de ambas ciudades.

Por todo ello, solicitamos:

1. Régimen especial. Aprobar un estatuto legal específico que permita adoptar medidas preventivas proporcionadas a la situación geopolítica de ambas ciudades.
2. Residencia e inmigración. Revisar el régimen de entrada, residencia y asentamiento de nacionales de terceros países, estudiando instrumentos específicos para prevenir riesgos estratégicos derivados de cambios demográficos sostenidos, con garantías jurídicas.
3. Vivienda y arraigo. Reforzar los requisitos de residencia efectiva para determinadas ayudas y viviendas públicas, y combatir el empadronamiento fraudulento.
4. Observatorio estratégico. Crear un organismo permanente que analice la evolución demográfica, migratoria e inmobiliaria y evalúe sus implicaciones para la estabilidad de ambas ciudades.

Objetivo final: dotar a Ceuta y Melilla de instrumentos legales específicos para prevenir riesgos demográficos y geopolíticos, proteger su estabilidad y garantizar la continuidad de su vinculación con España.

El secesionismo ha avanzado también porque ha logrado presentar un proyecto propio mientras España no siempre ha sabido ofrecer una alternativa ilusionante. Es necesario construir una propuesta de valor de España y de lo español en lo económico, lo social, lo cultural y lo internacional, reconociendo también nuestra tradición espiritual y religiosa.

Por todo ello, solicitamos:

1. Economía y prosperidad: impulsar sectores innovadores y de alto valor añadido que permitan elevar la productividad y los salarios, generar empleos de calidad y sostener a largo plazo el sistema de protección social.
2. Bienestar y familia: garantizar la cobertura de las necesidades básicas en vivienda, educación, sanidad y alimentación. Reforzar la cohesión social, apoyar la estabilidad familiar y promover la natalidad para afrontar el invierno demográfico.
3. Vivienda accesible: aumentar la oferta mediante la construcción de vivienda social, la reforma del marco urbanístico y de la legislación del suelo, la agilización de trámites, la seguridad jurídica y mejores condiciones de financiación. Favorecer viviendas adecuadas a las necesidades de las familias.
4. Educación exigente y libre: recuperar la cultura del esfuerzo, reforzar la autoridad del profesorado y la formación del carácter, priorizar los conocimientos y las competencias de futuro y evitar que la educación quede subordinada a planteamientos ideológicos.
5. España en el mundo: Europa e Hispanoamérica: recuperar el peso de España en los organismos internacionales y promover una visión estratégica del futuro de Europa que sitúe a Hispanoamérica como uno de sus principales socios. En un contexto marcado por la guerra de Rusia contra Ucrania, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la inestabilidad y el crecimiento del islamismo radical en el norte de África, los vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Hispanoamérica constituyen una ventaja estratégica excepcional. España debe ejercer un papel protagonista en el acercamiento entre ambas orillas del Atlántico, impulsando la cooperación económica, política y cultural en beneficio mutuo.
6. Cultura, espiritualidad e identidad: promover el cine, el teatro, la música, la literatura y las demás expresiones artísticas españolas, poniendo en valor nuestra historia, tradición espiritual y religiosa, la dimensión trascendente de la vida y la búsqueda de lo bueno y lo bello. Apoyar una cultura viva, creativa y capaz de transmitir nuestro legado a las nuevas generaciones.
7. Cohesión territorial: orientar las políticas públicas al bien común de todos los españoles, combatir la despoblación y garantizar oportunidades en la España rural. Impulsar una planificación hidrológica nacional que asegure una gestión eficiente y solidaria del agua.

Objetivo final: ofrecer a todos los españoles un proyecto común de prosperidad, justicia social y ambición cultural que refuerce el patriotismo, la cohesión territorial y el orgullo de pertenecer a España, proyectando al mundo nuestra historia, nuestros valores y nuestra capacidad de contribuir al bien común.